Sesión Formativa de sensibilización “Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”

Sesión Formativa de sensibilización “Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”

Se celebrará el próximo viernes día 15 en la sede de la Fundación ONCE en Madrid.

CERMI Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de la Fundación ONCE, organizan una sesión formativa de sensibilización bajo el título “Tras una década de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: una perspectiva práctica sobre su aplicación en Madrid”, que tendrá lugar el próximo viernes 15 de diciembre de 10 a 14 horas.

La asistencia es totalmente gratuita, y está destinada, principalmente, a profesionales. Las plazas son limitadas, por orden de inscripción.

Inscripción, en el siguiente enlace: http://bit.ly/2k9lxtZ

Programa: http://bit.ly/2iKi6cR

Para más información y consultas: cermimadrid@cermimadrid.org

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La FMM y CERMI Madrid presentan el catálogo de Pictogramas para la señalización de edificios públicos

La FMM y CERMI Madrid presentan el catálogo de Pictogramas para la señalización de edificios públicos

El acto se presentó ayer en Madrid. La idea es que se señalicen edificios como ayuntamientos, comisaría de policía, centros de salud o bibliotecas, entre otros.

Fuente: Europa Press

Los municipios de la Comunidad de Madrid tienen a su disposición desde octubre un catálogo de pictogramas adaptados a personas con discapacidad cognitiva para señalizar edificios públicos gracias a una iniciativa del Comité español de representantes de personas con discapacidad de Madrid (Cermi Madrid) en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid (FMM).

El presidente de FMM, Guillermo Hita, acompañado por el secretario general de Cermi Madrid, Luis Miguel Rodríguez, y el coordinador de accesibilidad de Cermi, Juan José Cantalejo, ha explicado que se ha elegido este lunes 4 de diciembre para la presentación al haber sido este domingo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

“Este es un paso para cumplir con el real decreto legislativo 1/2013, que en su apartado tercero defiende el derecho a la accesibilidad de las personas discapacitadas”, ha señalado Hita, que ha felicitado el “gran trabajo” de Cermi a la hora de desarrollar el catálogo y ha recordado que está disponible después de su aprobación en junta de gobierno el pasado 23 de octubre.

A su vez, el presidente de FMM ha indicado que el objetivo principal del proyecto es facilitar la comprensión para favorecer la accesibilidad a todos los edificios públicos, aunque ha señalado también que este trabajo será útil para personas mayores o inmigrantes.

En la misma línea se ha mostrado el secretario general del Cermi Madrid, que ha defendido que todas las obras de adaptación para conseguir la “accesibilidad universal”, son beneficiosas para toda la población y no solo para las 325.000 personas con certificado de discapacidad (mayor del 33%) con las que cuenta la Comunidad de Madrid.

Los pictogramas están validados por más de 450 personas, asegurando su eficacia y utilidad para las personas con discapacidad que puedan tener dificultades en la comprensión.

“Una rampa para que una persona con discapacidad física puede entrar a un edificio público puede terminar beneficiando a personas que pasean con un carrito de bebé o utilizan un carro de la compra”, ha argumentado.

Asimismo, Luis Miguel Rodríguez ha recordado que este 4 de diciembre se cumple el plazo que dio la Ley de Accesibilidad de 2003 para que el “entorno público” tuviera “accesibilidad universal” y ha lamentado que “todavía quedan muchos espacios públicos construidos que no son accesibles”.

Tras este incumplimiento, Rodríguez ha indicado que, al incumplir una ley, las personas afectadas por la inaccesibilidad de algunos edificios pueden denunciar la situación y que un juzgado inste al Consistorio correspondiente a acometer las obras necesarias, aunque ha puntualizado que “lo interesante sería que hubiera buena voluntad”.

SEÑALES DE 25X25 CM COLOCADAS ENTRE 1,20 Y 1,40 METROS DE ALTURA

Juan José Cantalejo ha sido el encargado de explicar las cuestiones técnicas del catálogo de pictogramas, y lo primero que ha querido puntualizar es que son un sistema de “señalización identificativa”. “Es decir, permiten identificar el edificio por el pictograma”, ha aclarado.

Así, Cantalejo ha asegurado que ha habido tres años de trabajo para conseguir que la identificación de los pictogramas por parte de las personas a los que van dirigidos, sea efectivo.

Para conseguir que hubiera un elevado ratio de identificación, el coordinador de accesibilidad de Cermi ha indicado que se realizaron dos etapas de validación, en la que pusieron a prueba los pictogramas diseñados. En la primera ronda contaron con 450 personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista y desecharon todos los diseños que no fueran identificados por el 90 por ciento de los participantes.

Tras esta primera ronda, presentaron sus 20 pictogramas a una comisión de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid, que realizó una serie de puntualizaciones técnicas. Tras aplicar estas recomendaciones, realizaron otra ronda con 100 personas con discapacidad con los mismos requisitos y finalmente el catálogo fue aprobado en octubre del año pasado.

El punto clave de este catálogo y lo que lo diferencia de otros proyectos es precisamente este proceso de validación, que, según Cantalejo “no tiene parangón en otras comunidades” y ha permitido la creación de un estándar homogéneo en todos los municipios de Madrid que ofrecerá garantías de que las personas con discapacidad reconozcan la señalización.

Es por esto por lo que Cantalejo ha afirmado que cualquier municipio que aplique pictogramas que no estén validados o modifique los ya validados no podrán ser admitidos y “Cermi estará en contra”.

Entre los 20 espacios públicos incluidos en el catálogo, con diseños neutros, se encuentran edificios como el Ayuntamiento, la comisaría de policía, la biblioteca o el centro de salud, y otros como el teatro o el campo de fútbol.

Todas las señalizaciones tienen unas medidas de 25×25 centímetros con “contraste negativo” (fondo negro y dibujo en blanco) y, según la guía de uso se deben de colocar a la derecha de la entrada del edificio a identificar a una altura de entre 1,20 y 1,40 metros para favorecer su máxima visibilidad a 50 metros.

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Manifiesto del CERMI en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

Manifiesto del CERMI en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

Se conmemora el próximo domingo, 3 de diciembre.

Fuente: CERMI

Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, a escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), como expresión del movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, hace público el siguiente:

MANIFIESTO

El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad está supeditado, en gran parte de las ocasiones, al cumplimiento de un presupuesto previo: la posibilidad de acceso, de uso y disfrute del conjunto de los entornos, bienes, productos y servicios que ofrece la sociedad en todos sus ámbitos, sin discriminaciones ni exclusiones por razones de un funcionamiento corporal, mental, comunicacional o cognitivo diverso; esto es lo que conocemos como accesibilidad universal.

La accesibilidad universal se entiende como derecho, más exactamente, como presupuesto necesario para el ejercicio pleno de derechos humanos, lo cual tiene como correlato lógico la consideración de la falta de accesibilidad de los entornos, productos, bienes y servicios a disposición del público como una discriminación contra las personas con discapacidad.

Comporta la accesibilidad universal la superación de todo tipo de barreras, independientemente de lo visibles que estas sean. En el caso de las barreras invisibles, alimentadas habitualmente por los prejuicios negativos, los estereotipos y los sesgos, la accesibilidad universal supone una modificación de las actitudes para evitar conductas discriminatorias, así como la toma en consideración y la comprensión de las necesidades singulares y específicas de las personas.

La accesibilidad universal es pues un bien social básico que ha de ser promovido y estar amparado y protegido por los poderes públicos, y  respetado y desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad

En la esfera internacional, esta consideración de la accesibilidad universal viene consagrada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada en diciembre de 2006 (artículo 9 –accesibilidad universal; artículo 20 –movilidad personal; y 21 –acceso a la información-, p. e.), y firmada y ratificada por España, por lo que resulta plenamente aplicable. La legislación española, aunque de un modo imperfecto, incompleto y poco efectivo, también proclama, declara y regula la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas.

Las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la comunidad.

Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones solventes, las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a recibir incrementados los efectos negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que en este ámbito, aparentemente neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de género para combatir la discriminación interseccional que se produce.

En el año 2003, gracias a las presión y la incidencia del movimiento social de la discapacidad, España aprueba una legislación básica, aplicable y exigible en todo el territorio nacional, que establecía, resumidamente, unas obligaciones de accesibilidad y no discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría que ser, nacer, necesariamente accesible, y para lo preexistente que no reuniera esos parámetros, se fijaban unos límites temporales amplios, para convertirlo en accesible, siempre que fuera susceptibles de ajustes razonables, que llegaban en un principio hasta 2019, y que posteriormente, por un cambio legal operado en 2011, se redujeron dos años, hasta 2017, para mayor precisión, hasta el 4 de diciembre de 2017. La fecha por fin ha llegado, y los deberes legales no están hechos.

Pese a los recordatorios, los continuos avisos y las denuncias reiteradas, estos años últimos, del tejido asociativo de las personas con discapacidad y sus familias, asistiremos el 4 de diciembre de 2017, límite legal para alcanzar el bien básico de la accesibilidad universal, a un fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad.

Ante esta burla de los mandatos legales, absolutamente ineludibles en un Estado que se proclama social, democrático y de Derecho, y la estafa política y legislativa de que han sido víctimas las personas con discapacidad, cuyas expectativas de disponer de entornos universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos interminables, se han visto una vez más traicionadas, el tejido social de derechos humanos de la discapacidad intensificará su tarea de presión, crítica y denuncia, desplegando una estrategia activa de movilización y contestación contra los incumplimientos en relación deber de garantizar la accesibilidad y los responsables de los  mismos, consistente en la reclamación política y jurídica de soluciones prontas que acaben con este estado estructural y sistemático de vulneración de los derechos humanos de esta parte de la diversidad social que son las personas con discapacidad.

Desde la discapacidad organizada se denunciará administrativamente y se demandará judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, con inversiones suficientes, con sanciones de los incumplimientos y con la mejora continua del marco normativo; y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos su operadores y agentes, y se robustecerá el conocimiento y formación de los profesionales que conciben proyectan, diseñan, configuran e implantan, así como de titulares, los proveedores y los gestores de los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos. A partir del 4 de diciembre, el movimiento asociativo será más reivindicativo, vigilante y beligerante contra las violaciones de derechos por falta de condiciones de accesibilidad universal.

La realización y la consecución de la accesibilidad universal en plazos inmediatos constituye por tanto un asunto primordial en la agenda política del movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, en el que este pondrá todas sus energías y potencial para un cambio social que no admite más demoras.

 

¡SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, NO HAY DERECHOS HUMANOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!

 3 de diciembre de 2017

El Congreso inicia la reforma legislativa para que todas las personas con discapacidad puedan votar

El Congreso inicia la reforma legislativa para que todas las personas con discapacidad puedan votar

El Pleno del Congreso debatió ayer la proposición de ley de reforma de la Ley del Régimen Electoral General para otorgar el derecho al voto a todas las personas con discapacidad.

Fuente: Servimedia

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad.

La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de la Loreg que establecen que carecen de derecho de sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio“, respectivamente.

Los diputados regionales Alfonso Serrano (PP), Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos) fueron los encargados de defender esta iniciativa que, al igual que el resto de oradores, agradecieron la presencia desde la tribuna de invitados de varios representantes del sector de la discapacidad, entre los que se encontraban los del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

 

“Hoy se cierra el ‘Guatánamo’ electoral'”

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha aplaudido que “hoy (por ayer) comencemos el cierre del ‘Guantánamo’ electoral en el que viven unas 100.000 personas con discapacidad en España que están privadas del derecho al voto”.

Unas 100.000 personas con discapacidad carecen en España del derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, según datos de la Oficina del Censo Electoral.

En estos términos se ha manifestado el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, después de que todos los partidos del Congreso de los Diputados se hayan mostrado a favor de admitir a trámite la proposición de ley de reforma de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg) elevada por la Asamblea de Madrid, con el fin de terminar con la privación del derecho de sufragio que soportan 100.000 personas por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

“Es necesario que se devuelva automáticamente el derecho de voto a todas las personas, porque de lo contrario, estaríamos obligándolas a atravesar largos procesos judiciales”, ha señalado el presidente del Cermi, que ha hecho hincapié en la urgencia de que esta parte de la ciudadanía deje de estar excluida de la participación en democracia, “y esto no puede seguir así ni un solo momento más”.

 

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CERMI pide apoyar la reforma que permita votar a todas las personas con discapacidad

CERMI pide apoyar la reforma que permita votar a todas las personas con discapacidad

El Pleno del Congreso de mañana martes debatirá la proposición de ley de reforma de la Ley del Régimen Electoral General.

Fuente: elperiodico.com

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a los grupos que apoyen en el Pleno del Congreso del próximo martes la proposición de ley de reforma de la Ley del Régimen Electoral General para otorgar el derecho al voto a todas las personas con discapacidad.

La iniciativa fue aprobada en la Asamblea de Madrid por todos los grupos, a propuesta del Partido Socialista y del CERMI, por lo que el Pleno de la Cámara Baja debe decidir si continúa su trámite en el Parlamento nacional.

Unas 100.000 personas con discapacidad carecen en España del derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, según datos de la Oficina del Censo Electoral.

En concreto, la Proposición de Ley plantea la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para eliminar la posibilidad de que los jueces en los procedimientos de incapacitación legal puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad.

Para el CERMI, esta regulación “es una violación palmaria de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte”.

Recuerda que Naciones Unidas advirtió a España en 2011 por esta regulación “conminándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad”.

“A tenor de esta Convención, ninguna persona con discapacidad en ningún caso puede ser despojada de su derecho al voto”, añade en un comunicado.

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