La Asamblea de Madrid pide al Gobierno central que se permita el voto a las personas con discapacidad intelectual

La Asamblea de Madrid pide al Gobierno central que se permita el voto a las personas con discapacidad intelectual

Fuente: ABC.esLaVanguardia.es

Se estima que la medida afectará a 100.000 personas con discapacidad intelectual en todo el territorio nacional

La Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid aprobó ayer 12 de junio el dictamen de una proposición de ley que insta al Gobierno central a que modifique la ley electoral (LOREG) para garantizar el derecho a voto de todas las personas con discapacidad intelectual.

La iniciativa del Grupo Socialista ha contado con los votos a favor de Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, y se votará en el Pleno de la Asamblea del 22 de junio, cuando será previsiblemente aprobada definitivamente.

Tras este trámite, la proposición de ley será elevada al Congreso de los Diputados, y la Asamblea de Madrid se convertirá en el primer parlamento autonómico en utilizar esta fórmula para modificar una ley orgánica.

La realidad evidencia que en nuestro país, el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual no está garantizado. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión

En concreto, la iniciativa plantea la modificación del artículo 3 de la LOREG con la suspensión de los dos apartados que establecen que carecen de derecho a sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme”, así como “los internados en un hospital psiquiátrico”, siempre que se indique expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

Además, según el texto de la Proposición de Ley, se añade una disposición adicional que establece que “las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley“.

Desde que en España entrará en vigor la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace ocho años, han sido doce los procesos electorales celebrados en los que más de 100.000 personas no han podido participar por tener una discapacidad.

“La realidad evidencia que en nuestro país, aún hoy, después de haber sido firmada y ratificada esa Convención Internacional, el derecho al voto de este colectivo no está garantizado. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión“, ha señalado Mónica Silvana González, portavoz socialista en la comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.

El PSOE entiende que esto es una «exclusión de un derecho fundamental» sobre la que el comité sobre derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recomendó a España que revisara la legislación vigente sobre el asunto.

La proposición de ley, en su exposición de motivos, detalla que en la Ley Electoral actual están privados del derecho de sufragio los declarados incapaces por sentencia judicial firme y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el periodo que dure su internamiento.BOTON MÁS NOTICIAS

 

 

Aumentan los delitos de odio hacia discapacitados

Aumentan los delitos de odio hacia discapacitados

Fuente: abc.es

El término delito de odio define una categoría de conductas que presentan como denominador común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación y se encuentran tipificadas en el Código Penal.

Los delitos de odio en España cayeron en 2016 un 4,2 por ciento, pasando de 1.328 a 1.272, según los datos del informe anual, que  ha presentado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Los delitos que más subieron fueron los de orientación o identidad sexual, un 36,1 por ciento, de 169 en 2015 a 230 en 2016; seguidos de los de discriminación por sexo, un 70,8 por ciento, pasando de 24 en 2015 a 41 en 2016. Otro de los delitos que también ha experimentado un crecimiento ha sido los relacionados con la discapacidad, un 15,9 por ciento.

Por el contrario, los que más han descendido son los de aporofobia (contra los indigentes), que han caído un 41,2 por ciento, de 17 en 2015 a 10 en 2016; seguido de los de creencias o prácticas religiosas, un 32,9, de 70 en 2015 a 47 en 2016; y los de antisemitismo, un 22,2 por ciento, de 9 a 7.

El ministro ha anunciado la puesta en marcha de una «Encuesta sobre experiencias con incidentes relacionados con los delitos de odio» para tener la mayor información posible y conseguir una radiografía lo mejor. El pasado jueves nos hicimos eco de esta encuesta en nuestra web, en el siguiente enlace podéis remitiros a ella y consultar la encuesta: http://autismomadrid.es/noticias/la-encuesta-delitos-odio-del-ministerio-del-interior-ya-disponible-lectura-facil/

Abierta la convocatoria de ayudas para programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual

Abierta la convocatoria de ayudas para programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual

Fundación ONCE abrió este lunes 5 de Junio una convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

La iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, y está dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos.

La convocatoria está dotada con 600.000 euros y pretende  implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la formación superior resulta aún insignificante.

Actualmente no hay datos estadísticos de personas con discapacidad intelectual en la educación superior y su presencia se limita a casos aislados.

A nivel global, las personas con discapacidad sólo están representadas en un 1,7% en los estudios universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior cuando hablamos de estudiantes de máster, posgrados o doctorados. Solamente entre el 5 y 6% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios hoy en España, a pesar de que la Estrategia Europea 2020 habla de un horizonte del 40%.
Diversas investigaciones ponen en evidencia que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.
Existen ya algunas experiencias positivas en este sentido, como las desarrolladas por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Comillas o la Universidad de A Coruña, cuyos resultados así lo ponen de manifiesto.

Se pretende con esta convocatoria fomentar el desarrollo de este tipo de acciones formativas, que además de generar un impacto muy positivo entre los jóvenes con discapacidad intelectual, refuerza la responsabilidad social de las universidades y su implicación en la cohesión e inclusión social.

Según se recoge en la convocatoria, los programas deberán implicar a las universidades españolas en la inclusión social de personas con discapacidad intelectual a través de la formación y la mejora de su empleabilidad; proporcionar formación universitaria a este colectivo enfocada a mejorar su autonomía, su formación humanística y su preparación laboral, y dotarles de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de inserción laboral, accediendo a empleos en la modalidad del empleo con apoyo. Asimismo, deberán proporcionarles experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las universidades españolas o centros adscritos que deseen llevar a cabo un Programa Universitario para jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Los destinatarios últimos serán jóvenes con discapacidad intelectual -con un grado igual o superior al 33%-, con una edad comprendida entre los 18 y los 30 años y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 17 de julio a través del siguiente enlace: http://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-progra…
CERMI alenta a denunciar webs de organismos públicos que no sean accesibles

CERMI alenta a denunciar webs de organismos públicos que no sean accesibles

Fuente: servimedia.es

Esta reivindicación se enmarca en la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, que el Cermi ha puesto en marcha para todo el año, con el fin de denunciar cada mes situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) afirma que las nuevas tecnologías son “una herramienta muy potente” para impulsar la igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas con discapacidad, pero que este hecho no puede llevarse a la práctica si no se garantiza su plena accesibilidad.

De hecho, el Cermi alerta de que “si no se diseñan páginas webs accesibles, la discriminación de este grupo social, lejos de reducirse, se incrementará, por culpa del agravamiento de la brecha digital, que también afecta a muchas personas mayores“.

La ciudadanía puede presentar sus quejas, debidamente documentadas, a través de la página de Facebook diseñada para la campaña, por medio de Twitter  y enviando un correo electrónico a la dirección ‘horizonteaccesibilidad2017@cermi.es’. Se puede acceder a toda la información de la campaña aquí.

El Cermi ha denunciado en numerosas ocasiones que el plazo del 4 de diciembre se va a incumplir, ya que no queda tiempo suficiente para que se subsanen todos los problemas de accesibilidad que siguen existiendo en múltiples ámbitos. Eso sí, ha pedido que se use la cercanía de la fecha tope del 4 de diciembre de este ejercicio para acelerar la puesta en marcha de acciones para ir eliminando barreras arquitectónicas que además de dificultar el día a día de las personas con discapacidad, vulneran la Convención de Naciones Unidas de los derechos de este grupo social, que fue aprobada hace una década.

Entre los temas que protagonizarán la campaña en los próximos meses se encuentran los problemas de accesibilidad en servicios como el 112 y otros teléfonos de emergencia, en eventos culturales de interés; dificultades de uso por parte de las personas con discapacidad de aplicaciones móviles y redes sociales; barreras arquitectónicas en el transporte público, y falta de accesibilidad cognitiva en ámbitos como documentos públicos relevante.

 

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8 millones euros para “Primer Empleo de Personas con Discapacidad” de Fundación ONCE

8 millones euros para “Primer Empleo de Personas con Discapacidad” de Fundación ONCE

Fuente: ecodiario.es

Los beneficiarios de las ayudas serán aquellos que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria, tengan entre sus planes la ampliación de su plantilla a través de la contratación de personas jóvenes con discapacidad inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Fundación ONCE ha lanzado, con el apoyo del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Joven, el Proyecto ‘Primer Empleo de Personas con Discapacidad’, con el objetivo de apoyar la contratación de jóvenes de este colectivo. La iniciativa, que se enmarca dentro del Programa de Empleo Juvenil, cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros para la concesión de ayudas a personas físicas o jurídicas, según ha informado la fundación.

Los tipos de contratos subvencionables en el marco del programa, que contribuye con un 80% de las retribuciones brutas pactadas con al empresa, son los contratos indefinidos a tiempo parcial o completo, con un período mínimo de permanencia en la entidad beneficiaria de seis meses; los temporales a tiempo completo o parcial, con un período mínimo de permanencia de seis meses; y los contratos para la formación y el aprendizaje, con una duración mínima de un año.

Además, el proyecto establece que son subvencionables con cargo a la presente convocatoria el gasto derivado de las contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2017, siempre y cuando los destinatarios últimos de las ayudas, los trabajadores, cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Según el Informe Dos de Odismet, que analiza las distintas fuentes estadísticas existentes en España, la relación de los jóvenes con discapacidad, que representan el 4,8% del total de la población con discapacidad en edad activa, y el mercado de trabajo viene marcada fundamentalmente por el alto porcentaje de inactividad detectado entre ellos (75%).

De acuerdo con este informe, las personas con discapacidad más jóvenes tienen un “escasísimo” nivel de empleo, ya que su penetración entre los ocupados es del 9,2%, y la tasa de paro entre las personas de 16 a 24 años de este colectivo es de un 63,5%, quince puntos más que los jóvenes sin discapacidad.

Asimismo, el estudio revela que las personas con discapacidad más jóvenes tienen una tasa de contratación a tiempo parcial del 35,2%, dos veces más que el resto del colectivo aunque semejante a las personas ocupadas sin discapacidad de su mismo grupo de edad.

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