El próximo 2 de marzo, en Alicante, se celebrará una marcha para protestar contra el copago farmacéutico aplicado a personas con discapacidad. En la marcha, convocada por el Comité de entidades representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV) , participarán también otros colectivos como la Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana que esta semana se ha sumado a las protestas que, ante las Consejerías de Sanidad y Empleo, vienen celebrando diferentes colectivos  para reclamar el pago de subvenciones pendientes.  Impagos que también movilizaron a los trabajadores de APASA (Asociación Pro Deficientes Psíquicos), tras cuatro meses sin cobrar y con una deuda que asciende a los dos millones de euros.

La discapacidad es uno de los sectores más sensibles a los recortes presupuestarios y al retraso en los pagos. Una realidad que está ahogando a los colectivos que trabajan y proporcionan servicios a las personas con discapacidad. 

En Valencia los directores de centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad – públicos y privados- ya han pedido a la Consejería que no aplique el recorte del 9% previsto en el presupuesto de este año.  Los 45 centros valencianos, que ofrecen terapias socio-laborales, fisioterapia y fomento de la autonomía personal a unos 3.000 usuarios,  llevan con las ayudas congeladas desde el año 2008.

Además muchos centros ocupacionales, que dependen de los Ayuntamientos, tienen pendiente de recibir el 40% de los presupuestos de 2011 y 2012. La congelación presupuestaria, la subida del IPC y los impagos han puesto en una complicada situación a este tipo de centros, que no olvidemos prestan servicios a personas especialmente vulnerables.

 

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