Fuente: 20minutos.es

El Tribunal no admite a trámite el recurso de la familia de una joven gallega con lesión cerebral y retraso madurativo para que se le reestablezca el derecho al voto

Mara es una joven gallega de 20 años con discapacidad intelectual asociada una lesión cerebral. Sus padres solicitaron a un juzgado de Santiago de Compostela, en 2014, que se incapacitara a su hija pero se le reconociera la capacidad para el ejercicio del derecho de sufragio activo. El juzgado la declaró incapaz en grado parcial para gobernarse por sí misma y la privó del ejercicio del derecho al voto. Y ahí empezó la lucha de esta familia  para que su hija recuperase el derecho al voto, lucha que ha recibido un nuevo varapalo judicial.

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso presentado por la familia de una joven gallega que pedía que se restableciese el derecho al voto a su hija con discapacidad intelectual. Con esta resolución avala la sentencia previa del Tribunal Supremo que le impedía acudir a las urnas y que habían recurrido la Fiscalia y los padres de la joven, pero también sienta un precedente que afecta a unas 100.000 personas con discapacidad intelectual de toda España.

El Constitucional ha evitado pronunciarse, pero con su dictamen ha acabado por posicionarse en contra del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual, si bien la resolución, que acaba de hacerse pública, cuenta con el voto particular contrario de la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa. En la argumentación de este voto particular, se pregunta qué pasaría «si se sometiera a todo el cuerpo electoral a ese examen de conocimientos sobre nuestro sistema político y electoral», como al que fue sometida Mara, pues entiende que probablemente, bajo ese mismo rasero, serían muchas las personas con derecho a voto y no discapacitadas que no podrían votar.

La familia presentará un recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo.

El presidente de la Fundación Down Compostela, Juan Martínez, traslada su «decepción absoluta» con esta sentencia, en tanto entiende que al Constitucional «le ha faltado valentía para analizar el fondo de la cuestión» y recuerda que no sólo incumple Constitución española, sino también la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, suscrita en Nueva York en 2006.

La federación Down Galicia comparte la «indignación» y su presidente, Delmiro Prieto, considera una «sorpresa» que «a estas alturas de siglo sigan pasando cosas como ésta». Lo achaca a una «notoria ausencia de capacidad en las altas esferas del Tribunal Constitucional» y recuerda que ya es la segunda ocasión que el poder judicial español desperdicia para pronunciarse y posicionarse a favor del derecho al voto de las personas con discapacidad.

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