2015 va a ser un año cargado de citas electorales en España. Las urnas esperan a millones de ciudadanos y por eso consideramos muy interesante compartir con vosotros este artículo ‘¿Es compatible la democracia con la privación de miles de votos a ciudadanos discapacitados?’.

Fuente: abogacia.es (Jesus López-Medel Báscones, abogado del Estado, ex vicepresidente de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, miembro del patronato de Fundación Abogacía y de Fundación Aequitas)

Aunque se hable poco y tristemente se desarrolle menos (y cada vez menos, incluso se silencie), España es, según su Constitución, un “Estado Social y democrático de Derecho” (artículo 1.1)

Aunque habría mucho que cuestionar en la práctica, nos podríamos preguntar: ¿se puede mantener esta afirmación cuando hay en este país 80.000 personas privadas de su derecho a voto por resolución judicial, esto es desprovistas de un elemental derecho de ciudadanía por el simple hecho de tener una discapacidad?

Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 2006 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y que está vigente en España desde el 3 de mayo de 2008. Su raíz y enfoque nítido es que todo lo que concierne a estas personas, tanto en el ámbito privado como en el público, se trata de Derechos Humanos, sin que las limitaciones o circunstancias puedan condicionar su dignidad ni su condición de ciudadanos, ni su efectividad, con todas las consecuencias personales y comunitarias que conlleva.

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