En comparación con el año 2011, en el que el CERMI hizo este mismo cálculo, la deuda se ha incrementado en 75 millones de euros
Fuente: CERMI.es semanal
Las Administraciones autonómicas y las corporaciones locales deben a las organizaciones de iniciativa social de la discapacidad aglutinadas en torno al CERMI más de 230 millones de euros, sobre todo en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas, y en menor medida, deudas de carácter comercial por la prestación de bienes, productos y servicios.
En comparación con el año 2011, en el que el CERMI hizo este mismo cálculo, la deuda se ha incrementado en 75 millones de euros, lo que evidencia que este grave problema de los impagos y los retrasos no solo no se resuelve, sino que se intensifica con el paso de los meses.
De este volumen total de deuda, una parte muy importante –casi 85 millones de euros– corresponde a ayudas y subvenciones públicas a centros especiales de empleo cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad.
Esta insostenible situación está poniendo en peligro la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y servicios de atención y promoción dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, deteriorando el bienestar de cientos de miles de personas que parten de un grado de vulnerabilidad social considerable.
Para paliar este problema, el CERMI viene reclamando al Gobierno que habilite un mecanismo extraordinario para abonar las deudas pendientes de las Administraciones territoriales con las organizaciones de tercer sector de acción social, exclusivo para este tipo de entidades.