Esta medida fue anunciada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Fuente: CERMI Madrid
La Comunidad de Madrid ordenó estas tasas en el año 2012 y afectaron, principalmente, las personas con discapacidad y/o dependencia. A partir de ese momento los ciudadanos y ciudadanas madrileñas han estado pagando entre 20 y 30 euros por revisar y certificar el grado de dependencia o discapacidad. Esta norma perseguía «que quienes ya tienen un grado de dependencia reconocido contribuyan a sufragar, al menos parcialmente y en una cuantía moderada, el coste de una actuación administrativa que se genera a su instancia y de la que serán sus beneficiarios directos».
Dos años después, tras diversas peticiones por parte del CERMI Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha anunciado finalmente la eliminación de tres de las tasas que creó en la revisión presupuestaria de 2012: la tasa de revisión o certificación del grado de discapacidad y de dependencia y las de expedición del título de familia numerosa y las tarjetas individuales, junto con otras medidas dirigidas a reducir la carga fiscal en la Comunidad.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social indica que: “El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, pero, en primer lugar, al legislador, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer las soluciones y las líneas generales de acción más adecuadas.”
CERMI Madrid ve muy positivo que se empiecen a contemplar medidas de acción positiva dirigidas al colectivo de personas con discapacidad, con el fin de evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad, y continuará vigilante de que este tipo de medidas se hagan extensivas a otras áreas que se han visto afectadas por los recortes, imprescindibles para la autonomía personal de las personas con discapacidad.