La Secretaria de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, destacó durante la apertura ayer del Seminario informativo sobre las leyes de Tercer Sector de Acción Social y de Voluntariado «el diálogo, el consenso y la coordinación» mantenido con las entidades del tercer sector que han hecho posible la aprobación de las nuevas leyes, “dos de las leyes más importantes que hemos aprobado en esta legislatura”.
Fuente: Plataforma del Voluntariado
Según Camarero, en la inauguración ayer de este encuentro, las nuevas normas son esenciales “para avanzar en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de quien más lo necesita”, así como para “fortalecer y modernizar la acción solidaria”. Las leyes reconocen, añadió, “a los que hacen de la solidaridad su vida”, y se han construido “pensando en los seis millones de personas que realizan acciones voluntarias en España, y las 30.000 entidades que componen el Tercer Sector de Acción Social”. Sobre la Ley de Voluntariado, afirmó que, “tras 18 años” debía adaptarse «a los nuevos tiempos, retos, necesidades y caras del voluntariado»; y respecto a la Ley del Tercer Sector de Acción Social remarcó “el hito histórico” que supone el reconocimiento expreso del sector, “aún poco conocido” pese a ser imprescindible para “canalizar la solidaridad de los españoles y llegar a las personas en situación de necesidad”, alcanzando los sectores de la sociedad a los que “las administraciones todavía no somos capaces de llegar».
Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, señaló por su parte, que se trata de unas normas “fruto del trabajo de muchísimos años” de las entidades del Tercer Sector en conjunto “con distintos Ministerios, sindicatos y empresarios”, que buscan “refortalecer el Tercer Sector, y redundarán en su mejora”. “Es la primera vez en la historia de la democracia que se reconoce al Tercer Sector”, afirmó, “y que se establecen por ley los órganos de interlocución y participación del mismo” en la elaboración de las políticas sociales.
Según Poyato, las nuevas leyes deben “servir a las personas destinatarias y a la participación democrática de la sociedad” y suponen “dos herramientas cargadas de futuro”, que “las propias entidades del sector tendrán la responsabilidad de sacar adelante”.