Fuente: ABC.es, LaVanguardia.es
Se estima que la medida afectará a 100.000 personas con discapacidad intelectual en todo el territorio nacional
La Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid aprobó ayer 12 de junio el dictamen de una proposición de ley que insta al Gobierno central a que modifique la ley electoral (LOREG) para garantizar el derecho a voto de todas las personas con discapacidad intelectual.
La iniciativa del Grupo Socialista ha contado con los votos a favor de Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, y se votará en el Pleno de la Asamblea del 22 de junio, cuando será previsiblemente aprobada definitivamente.
Tras este trámite, la proposición de ley será elevada al Congreso de los Diputados, y la Asamblea de Madrid se convertirá en el primer parlamento autonómico en utilizar esta fórmula para modificar una ley orgánica.
La realidad evidencia que en nuestro país, el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual no está garantizado. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión
En concreto, la iniciativa plantea la modificación del artículo 3 de la LOREG con la suspensión de los dos apartados que establecen que carecen de derecho a sufragio «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme», así como «los internados en un hospital psiquiátrico», siempre que se indique expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.
Además, según el texto de la Proposición de Ley, se añade una disposición adicional que establece que «las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley«.
Desde que en España entrará en vigor la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace ocho años, han sido doce los procesos electorales celebrados en los que más de 100.000 personas no han podido participar por tener una discapacidad.
«La realidad evidencia que en nuestro país, aún hoy, después de haber sido firmada y ratificada esa Convención Internacional, el derecho al voto de este colectivo no está garantizado. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión«, ha señalado Mónica Silvana González, portavoz socialista en la comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
El PSOE entiende que esto es una «exclusión de un derecho fundamental» sobre la que el comité sobre derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recomendó a España que revisara la legislación vigente sobre el asunto.
La proposición de ley, en su exposición de motivos, detalla que en la Ley Electoral actual están privados del derecho de sufragio los declarados incapaces por sentencia judicial firme y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el periodo que dure su internamiento.