El Consejo de Ministros ha aprobado, en su última reunión, los dos reales decretos por los que se establecen, respectivamente, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector y las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF.
A la convocatoria de este año, según informa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, «podrán acceder las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración, además de las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales ya previstas el año pasado». En esta ocasión, se dará prioridad a los proyectos sociales de ayuda a las familias con problemas económicos, especialmente a las que tienen hijos, para combatir la pobreza infantil.
Se trata de reorientar la convocatoria de ayudas sociales con cargo al IRPF y las de régimen general para orientarlas a quienes más lo necesitan, sostiene el ministerio.
En concreto, el sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF se sustituye «por uno más flexible, eficiente y objetivo, basado en áreas de actuación, en lugar de en colectivos (mayores, jóvenes, personas con discapacidad, etc.), como hasta ahora». En la convocatoria de 2013 se distribuirán cerca de 211 millones de euros.
Así, se priorizará la atención de personas en situación de pobreza, sobre todo a las familias con necesidades especiales de atención, en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo y se impulsarán acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión.
Por primera vez, se incluye en la convocatoria de este año un programa independiente para dar respuesta a las situaciones de urgencia social, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
En cuanto a las subvenciones de mantenimiento al Tercer Sector, se han modificado para reconocer a las organizaciones que componen el Tercer Sector de Acción Social (unas 29.000 en España) como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.
Esta nueva regulación, afirma Sanidad, «garantizará el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que tengan ámbito estatal que desarrollan un papel fundamental de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social. Las ayudas se destinarán al mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de las sedes centrales de las entidades y organizaciones beneficiarias».