Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se une a la lucha contra todas las formas de violencia que sufren miles de mujeres en nuestro país, en la Unión Europea y en todo el mundo y llama la atención sobre la situación de discriminación y falta de atención de las mujeres mayores con discapacidad víctimas de violencia, olvidadas en las políticas, acciones y medidas que se desarrollan para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.
Recordando la Recomendación general nº 27 del Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, en la que se reconoce que las mujeres mayores con discapacidad son más vulnerables ante la violencia debido a la edad, el sexo y la discapacidad;
Teniendo presente el Artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, dedicado a la Protección contra la explotación, la violencia y el abuso), que afirma que es necesario que los Estados partes tomen medidas al respecto, incluidos los aspectos relacionados con el género;
Tomando en consideración el último Informe Temático de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, en el que se afirma que, dada la mayor longevidad y mayor probabilidad de contraer una discapacidad relacionada con la edad y de vivir en una institución, la discapacidad es un factor que incrementa el riesgo de abuso en las mujeres mayores;
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad denuncia la violencia ejercida contra las mujeres mayores con discapacidad y exige medidas apropiadas para combatirla y eliminarla.
Es importante señalar que dos tercios de las mujeres con discapacidad están por encima de los 60 años, y que muchas de ellas viven en entornos cerrados y segregados, mayoritariamente geriátricos y psiquiátricos, sin poder decidir sobre cuestiones básicas de su vida diaria (como con quién y cómo vivir, a qué dedicar su tiempo o cómo participar en su comunidad, entre otras).
Además, las mujeres mayores con discapacidad son más pobres, como consecuencia de no haber tenido una vida laboral activa y de un sistema de prestación social que no ha tenido en cuenta las barreras estructurales que durante toda una vida han impedido su acceso al mercado laboral, contando sólo con los ingresos económicos de una reducida pensión básica asistencial, lo que supone una mayor exposición a sufrir violencia y abuso
Por otra parte, esta violencia contra la mujer mayor con discapacidad puede manifestarse a través del abuso físico, sexual o psicológico, así como por medio de la explotación económica y el abandono, siendo los agresores en no pocos casos sus familiares u otras personas encargadas de su cuidado.
Especial atención merecen las mujeres mayores con discapacidad intelectual o psicosocial, y aquéllas que, como consecuencia de la edad, adquieren un deterioro cognitivo o de otro tipo, dado que están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia. De hecho, la gran mayoría están sometidas a una situación de incapacitación legal, que las invalida para poder acceder a la justicia y denunciar. En otras ocasiones, en las escasas denuncias de estas mujeres, apenas se les concede crédito a sus testimonios, ni se les ofrece apoyo específico en los procedimientos policiales y judiciales.
Por todo lo anterior, el CERMI solicita que:
- Se tomen las medidas apropiadas para evitar todo tipo de explotación, violencia y abuso de las mujeres mayores con discapacidad, a través de la prestación de asistencia y apoyos adecuados en la comunidad que tengan en cuenta sus necesidades específicas, incluida la accesibilidad a los dispositivos de ayuda y a los servicios de teleasistencia, urgencia y emergencias, para evitar el aislamiento y el confinamiento en el hogar, efectuándose una vigilancia efectiva de todos estos servicios y programas por parte de autoridades independientes.
- Se proporcione a las mujeres mayores con discapacidad, a sus familias y a las personas más cercanas a ellas formación adecuada en las maneras de prevenir, reconocer y denunciar casos de explotación, violencia y abuso, poniendo a su disposición información comprensible en formatos accesibles sobre los servicios de apoyo y las medidas jurídicas existentes, a fin de combatirlos.
- Se promueva entre el personal y los profesionales de los servicios de protección formación en las especifidades y las necesidades concretas de las mujeres mayores con discapacidad, desde una perspectiva de derechos humanos que garantice su autodeterminación para la toma de decisiones, a fin de combatir la violencia y el abuso que se pueda cometer hacia ellas;
- Se pongan en marcha sistemas de detección precoz, a fin de identificar situaciones en las que pueden producirse casos de violencia contra mujeres mayores con discapacidad institucionalizadas o en entornos cerrados y segregados, estableciendo protocolos para los profesionales implicados en su atención, así como salvaguardas efectivas para ellas.
- Se adopte legislación y políticas efectivas, incluidas las centradas en la mujer mayor, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra las mujeres con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
¡UNÁMONOS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DE UNA VEZ POR TODAS! ¡JUNTOS Y JUNTAS PODEMOS!