Fuente: CERMI MADRID
Aplicar nuevos recortes al despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Personas en situación de Dependencia supondría la defunción de esta modalidad de protección social, que en sus casi 7 años de vigencia, por falta de voluntad política y por el desencuentro entre las distintas Administraciones, está muy lejos de satisfacer las necesidades para las que surgió.
El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, creado por la Ley 39/2006, languidece desde hace muchos meses y someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro, sería darle el golpe de gracia y frustrar de este modo la legítimas expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores y personas con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual.
Para el sector social de la discapacidad al que representa el CERMI, es el momento de que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y todas las fuerzas políticas, más los sectores sociales de mayores y discapacidad, suscriban un gran pacto para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron, y que les dote de estabilidad institucional y financiera, dejándolas fuera de las tensiones económicas del momento.
La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia es un valor social inmenso que no puede estar continuamente en juego, por lo que requiere el apoyo explícito y permanente con hechos y decisiones por parte de las Administraciones responsables, Gobierno central y Comunidades Autónomas.
Recortar más la Ley constituiría un gran fracaso social, un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte, en un momento crítico, a los segmentos más vulnerables en términos de derechos y bienestar del país.