Según informa CERMI en su sección de noticias, en el texto aprobado hoy con carácter definitivo de la de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, apoyado por todos los Grupos Parlamentarios, se ordena al Gobierno a que en el plazo de tres años regule la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas referidas a autonomía personal y dependencia.
Como ya informó Autismo Madrid aquí, de este modo ya no será la jurisdicción contencioso-administrativa la que conocerá de estos asuntos, como sucede ahora, sino que serán competencia de la jurisdicción social, más ágil, próxima y económica para el ciudadano.
El Parlamento se ha hecho eco también de otra medida planteada por el CERMI, consistente en que la Ley recogiera expresamente, para que no hubiera lugar a dudas, que el conocimiento de las cuestiones relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad corresponda también a la jurisdicción social
El texto original del Proyecto de Ley remitido por el Gobierno omitía cualquier referencia a esta materia, lo que generaba una enorme inseguridad jurídica para las personas con discapacidad y sus familias, peligro que ahora desaparece con la incorporación explícita de esta atribución a la jurisdicción social.