A finales de julio, la cámara alta aprobó la enmienda que permitirá distribuir, con cargo a los Presupuestos de este año, un total de 10.571.500 euros en subvenciones de concesión directa a 47 ONG de ámbito estatal.
La enmienda fue apoyada por el PSOE y el PP, que la ha justificado para evitar el “grave perjuicio” que supondría para las ONG de ámbito estatal la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en junio el real decreto de 2013 que regula las subvenciones a estas entidades porque invadía competencias de las comunidades.
En palabras de Coloma Francisca Mendiola, del Grupo Popular, la enmienda pretende “evitar poner en peligro la asistencia a más de seis millones de personas, y que estos grupos sociales no puedan contar con esta red fundamental de apoyo “. La senadora declaró que, mientras se determina cuál es el procedimiento general de subvenciones tras la sentencia del Supremo del pasado mes de junio, la ley aprobada en el Senado autoriza al Estado a conceder “con carácter inmediato” ayudas a organizaciones que “tienen un conocimiento directo y especializado de las necesidades más acuciantes de los colectivos más desfavorecidos”.
Ley del Voluntariado
Por su parte, el Proyecto de Ley de Voluntariado quedó aprobado tras el rechazo de 81 de las 82 enmiendas propuestas, y la transacción de la enmienda nº 79 del grupo parlamentario CIU -con 19 votos a favor y 7 en contra- que modifica la disposición adicional tercera de la Ley ampliando a tres meses el permiso del personal del Sistema Nacional de Salud para su participación en emergencias humanitarias, con una prórroga de hasta un máximo de seis.
Mendiola, definió la ley aprobada el pasado 29 de julio como una norma “elaborada desde la participación”, teniendo en cuenta la opinión de todos los actores públicos y privados involucrados, además de la de “las entidades sociales y de las personas voluntarias, actores principales de este proyecto de Ley”.
La Ley del Tercer de la que hablamos ya el pasado mes de mayo, volverá al Congreso para seguir con el procedimiento legislativo que procede.