Fuente: Las Provincias.
Las personas con discapacidad también protestan. El impago de las subvenciones por parte de la Generalitat valenciana a los centros y entidades que tratan de mejorar su calidad de vida sacó ayer a las calles del centro de Valencia a casi diez mil personas, según contabilizaron las plataformas convocantes. Trabajadores, directivos, voluntarios, familiares y personas discapacitadas, unidas por un mismo objetivo: defender la viabilidad de los centros sociales.
«Este año no hemos recibido ningún pago de la administración y tenían que haber aportado ya el 60%», apuntó Gloria Cubillos, directora del Centro Ocupacional La Torre. «Nos hemos visto obligados a poner dinero de nuestro bolsillo, pero no hemos podido pagar a los proveedores ni al comedor desde marzo», lamentó. «La situación es insostenible, porque el coste de nuestra labor social asciende a unos 950 euros por cada persona a la que atendemos. No sé si podremos abrir en septiembre», asegura la directora.
Vanesa tiene 33 años y padece una discapacidad intelectual. Como sus compañeros del taller de La Torre, se sumó a la protesta porque, como aseguraba rotunda, «me parece fatal que recorten. Mis monitores no tienen sueldo». Entre otras actividades, Vanesa y sus compañeros fabrican tapones embellecedores y cápsulas de café. Aunque no reciben un sueldo propiamente dicho, «se les reconocen sus tareas con una gratificación de 20 euros mensuales», apunta Raquel, una de las monitoras del taller. Cantidad que el pasado mes de junio ya no obtuvieron por falta de liquidez.
«No podemos más» o «Queremos cobrar» fueron algunas de las consignas más repetidas en las pancartas que acompañaron la marcha, aunque también otras tantas que pedían «Ayuda, respeto y dignidad» para el sector de atención a personas que sufren discapacidad.
Marián Ferrús, una de las portavoces que leyó el manifiesto final, es madre de una de las tantas personas dependientes sobre las que está repercutiendo la crisis. No obstante, explicó que los proveedores de los centros sociales están «mostrándose muy comprensivos con la situación y ofrecen la misma calidad de productos a costa de endeudarse». Pero siempre hay un límite. «Esto tiene que solucionarse ya, porque llegará un momento en el que no podrán prestarnos más», zanjó Marián. María José, otra de las portavoces de la marcha, lamentó que «los profesionales estén supliendo con su esfuerzo la falta de garantías de la Administración».