“El porcentaje de mujeres con discapacidad acreditada que cada año mueren asesinadas por sus parejas o ex parejas asciende a un 13%”

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) ha reclamado un pacto de estado contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres, que cuente con la participación no solamente de todos los partidos políticos, sino también de las organizaciones de mujeres, incluyendo las que representan a las mujeres con discapacidad. El pacto debe, además, tener una dotación presupuestaria suficiente.

De esta forma, CERMI Comunidad de Madrid se suma al manifiesto publicado por la Fundación CERMI Mujeres (FCM) con motivo de la conmemoración el pasado Viernes 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“A pesar de la invisibilidad en la que seguimos sumergidas las mujeres con discapacidad en este ámbito, los datos muestran que el porcentaje de mujeres con discapacidad acreditada que cada año mueren asesinadas por sus parejas o ex parejas asciende a un 13%, cifra presumiblemente mayor, si se tiene en cuenta que quedan fuera de la estadística aquellas mujeres que no tienen valorada oficialmente su discapacidad” , declaran desde FCM.

mujer sola

En todo caso, la FCM denuncia que no se conoce cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato, ni cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo. Además, la entidad subraya que es necesario que el pacto de estado esté dotado presupuestariamente. “No se puede hacer política-ficción con la violencia de género. Hace falta impulsar mecanismos de coordinación, formación, campañas, implantación de recursos asistenciales, de orientación… Y todo esto se consigue con dinero”

Otras reivindicaciones

Por otra parte, la FCM resalta la importancia de incluir en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, otros tipos de violencias machistas, como pueden ser las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual o las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos, que deberían estar prohibidos en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas.

Impulsar protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista (los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia). Precisamente, en este punto, el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente las organizaciones de mujeres con discapacidad, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental.

Garantizar la plena accesibilidad de todos los recursos, de la información y de la comunicación, incluidas las campañas de toma de conciencia, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, e impulsar las acciones de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sanitarios y sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad, son otras de las reivindicaciones.

La FCM también plantea incluir la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia de género y desarrollar una macroencuesta sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad para valorar las actuales medidas que existen para luchar contra esta lacra.

Por último, la entidad urge a desplegar una política dotada presupuestariamente de promoción de la autonomía personal dirigida a mujeres con discapacidad en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, amén de establecer un programa estatal que contemple de manera integral los diferentes mandatos en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad contenidos en los diversos cuerpos normativos nacionales e internacionales.

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