(Madrid, 12 de julio de 2012).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) han solicitado hoy “consenso” para una reforma de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y del sistema, “sin retrocesos”.

Durante una rueda de prensa celebrada hoy, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha asegurado que esta Ley es un “bien social” y una “conquista de todo el país”, sobre todo, para las personas en situación de “máxima vulnerabilidad”.

Sin embargo, y tras cinco años de aplicación, Pérez Bueno ha considerado que el resultado ha sido “muy insatisfactorio” por sus resultados en lo que respecta a la precariedad en su implementación, los retrasos en el pago de las cuantías, los “flagrantes incumplimientos”, los recortes a los que se ha visto sometida desde 2010 y, sobre todo, a la “desigualdad y agravios” en su aplicación por cuestión del territorio.

Esta revisión, desde su punto de vista, se tiene que hacer con consenso político y social, tal y como se hizo en su aprobación, y ha exigido que si se aprueba por Real Decreto-Ley, se tramite como Proyecto de Ley, para que con tiempo “todos las personas usuarias podamos ser escuchadas”. “La Ley tiene que basarse en un Pacto de Estado”, ha puntualizado.

Del mismo modo, ha criticado que en estos años de implantación no se haya consultado apenas a los destinatarios y ha reclamado que se cuente con los usuarios de la Ley porque “si no se podría llegar a producir una fractura social, difícil de recuperar”.

En relación a la lógica de la reforma de esta Ley basada en la crisis, Pérez Bueno ha manifestado que “no es admisible” que se centre sólo en el ahorro y ha recordado que desde el movimiento asociativo se ha conseguido que los recortes “no sean tan agudos” como se preveía en un principio y que se le dé “una respiración asistida a la Ley”. “Trabajaremos para atenuar cualquier retroceso” y ha subrayado que “es obligación de todos que la crisis no sea la excusa de la merma de estos derechos”

Por su parte, el presidente de la UDP, Luis Martín Pindado, ha asegurado que “estamos viviendo tiempos difíciles”, pero las personas mayores, “como principales usuarios de la Ley”, “no estamos dispuestos a ir hacia atrás”. “Los derechos ya adquiridos, están adquiridos”, ha dicho. Ha considerado que esta ley “es una gran ley” y el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, por lo que ha apostado por “luchar con todas nuestras fuerzas” para que la Ley “salga fortalecida”.

Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte, ha hecho referencia a la “grave” crisis económica que atraviesa nuestro país, que afecta a toda la sociedad, pero, en este sentido, ha indicado, que, “especialmente, las personas mayores y, sobre todo, las personas en situación de dependencia”, que ven agravada su situación por falta de recursos económicos y por el incumplimiento de las expectativas creadas desde hace ya más de cinco años, con la puesta en marcha de la Ley.

Desde CEOMA, ha manifestado, “pensamos que el espíritu de consenso que impulsó esta Ley debería servir para acometer la reforma, consultando a los propios usuarios”. En este sentido, ha señalado que la escasez de recursos económicos y la urgencia de contener el gasto público afectan “directamente” al sentido que debe guiar la reforma e implican que haya que priorizar a los beneficiarios que van a acceder a los limitados recursos, empezando, “necesariamente”, por aquellos que más lo necesitan, como son los Grandes Dependientes y los Dependientes Severos.

“No podemos perder de vista que en este momento hay más de 300.000 personas en lista de espera y casi 3.000 millones de euros por encima de las previsiones”, ha destacado.

En cuanto a las reformas concretas de la Ley anunciadas por el Gobierno, ha apuntado que “creemos que debe garantizarse la continuidad en la vivienda propia y el cuidador familiar con el soporte de la atención profesional”. En este sentido,  ha indicado que no se puede estigmatizar el cuidado familiar imputándole “baja calidad”, al mismo tiempo que se debe impulsar la formación de los cuidadores no profesionales y el control sobre la atención que recibe la persona en situación de dependencia y sobre la afiliación a la Seguridad Social de estos cuidadores.

“No hay que perder de vista que las familias están supliendo la atención a esas 300.000 personas que están en lista de espera”, ha agregado.

El encuentro informativo está enmarcado en la reforma que prepara el Gobierno sobre la Ley, que tiene como objetivo unificar criterios para toda España y revisar la forma de calcular el copago, las ayudas y los precios mínimos de sus servicios previstos.

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