Se modifica el modelo de distribución del 0,7% del IRPF. El nuevo modelo se basará en áreas de actuación y no en colectivos

Fuente: Servimedia

El Gobierno reconocerá a las entidades del Tercer Sector como colaboradoras de la Administración General del Estado porque es consciente «del papel que desempeñan», según ha asegurado esta semana la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras la reunión  del Consejo Territorial de Dependencia y Servicios Servicios Sociales.

 Durante el Consejo la ministra explicó a los Consejeros Autonómicos que el  sistema de distribución de las subvenciones, con cargo al 0,7% del IRPF, se sustituirá por uno más flexible, eficiente y objetivo. El nuevo modelo de distribución se basará en áreas de actuación, en lugar de en colectivos (mayores, jóvenes, personas con discapacidad, etc.), como hasta ahora.

En la convocatoria de 2013 se distribuirán 210,1 millones de euros y se priorizarán Programas de Urgencia Social que tengan como objetivo atender   las necesidades básicas de personas en situación de pobreza y apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo.

También serán prioritarios  los programas destinados a ayudar a las familias para que los hijos menores reciban una adecuada nutrición y acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión.

En cuanto a las Subvenciones de Régimen General, se modifican para reconocer a las organizaciones que componen el Tercer Sector de Acción Social (unas 29.000 en España) como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.

Plan Social de pago a ONG

La Ministra también informó de la puesta en marcha de un Plan Social de pago a ONG, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para hacer frente a las  deudas de las CCAA y Ayuntamientos con el Tercer Sector.

El plan incluye más de 1.000 millones de euros -687 millones para las CCAA y 332 millones para los Ayuntamientos- para  financiar a las entidades que desarrollen proyectos de ayuda a las familias, infancia, mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, se destinarán 1.986 millones de euros para cubrir los impagos de conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.

Estas medidas forman parte del  Plan Nacional de Inclusión Social, que se aprobará en los próximos meses.

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