El comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera un grave error desposeer a los Ayuntamientos de competencias en materias sociales y de inclusión. De hecho, el CERMI planteará al Gobierno todo lo contrario, “que aproveche la para reforzar la atribución de los Ayuntamiento en detrimento de las Comunidades Autónomas, garantizando una adecuada financiación”.
Para el CERMI “el Gobierno se equivoca de modo notable en este punto ya que los mejores modelos de políticas sociales y de inclusión son de competencia local” por la cercanía al ciudadano.
Tras más de 30 años de competencias sociales en manos de las Autonomías, la experiencia demuestra que éste no es el mejor modelo de gestión de los derechos sociales. El nivel de protección social en España no se corresponde con la capacidad económica del país, lo que el CERMI achaca en gran parte a “privilegiar el sistema autonómico en perjuicio del local”.
El anteproyecto de ley de racionalización de la Administración local
El anteproyecto de ley, aprobado en el último Consejo de Ministros, podría suponer, de aprobarse definitivamente, una reducción de los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos y que pasarían a ser responsabilidad de las Comunidades Autónomas.
Dejarían de ser municipales todos los servicios relacionados con la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esta modificación afectaría a centros de salud municipales, escuelas infantiles y la mayoría de servicios sociales. Las Comunidades Autónomas deberán integrar o eliminar estos servicios en el plazo de un año, desde la aprobación de la Ley.
La situación en Madrid
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el gasto social previsto para este año es de 450 millones de euros y entre los servicios que presta se encuentran la Teleasistencia, con 137.000 personas beneficiarias, y el Servicio de Ayuda a Domicilio con 50.000 usuarios.
Con respecto a los servicios sociales, pasaría a ser competencia municipal sólo “la evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” mientras la Comunidad de Madrid debería asumir “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”.
En el plazo de un año el servicio de ayuda a domicilio, actualmente dependiente del Ayuntamiento, pasaría a depender de la Comunidad que podría delegar en el Consistorio, siempre que éste aceptara, abonando el servicio de los presupuestos autonómicos.
El Ayuntamiento sólo podrá ejercer otras competencias o actividades económicas con permiso de la Comunidad y el Estado y si garantiza que serán rentables, es decir, que no restarán fondos a sus funciones fundamentales. Para sufragar estos, deberá además establecer “con carácter general” tasas (como hace ya con la recogida de la basura) o precios públicos (como hace en polideportivos o talleres culturales).
Puedes descargarte aquí el informe completo sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.