El presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid (CERMI-Comunidad de Madrid), Javier Font, compareció en el día de ayer ante la Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea de la Comunidad de Madrid  para evaluar el grado de cumplimiento de  la Ley de Dependencia y sobre ella dijo que “está provocando un efecto contrario al deseado” puesto que “alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas».

Javier Font aseguró sobre esta realidad que «se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en sociedad de forma plena y activa”.

El CERMI Comunidad de Madrid reclamó “un cambio de rumbo” para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia, y aseguró que “no habrá avances mientras la administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales”.

Javier Font también destacó que la aprobación de La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha servido de instrumento para que la Comunidad de Madrid reciba  más financiación del Estado y reducir  así el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad”.

Font criticó con dureza que “se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena”.  A su juicio, este “sobreesfuerzo” lleva a muchas familias a una situación “insostenible” y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración “vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país”.

El presidente de CERMI Madrid sostuvo que “la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles” y criticó la supresión de las ayudas individuales destinadas al fomento de la Autonomía Personal en la Comunidad de Madrid mientras esta obliga a las personas con discapacidad a ser valoradas como “dependientes” para obtener subvenciones sociales.

Por otra parte, Javier Font también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo y les pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes. También solicitó  que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la citada ley , que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.

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