Ana Peláez, miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, así lo cree. Peláez, que participó esta semana en los Cursos de Verano de la Complutense con la ponencia titulada «La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:una perspectiva basada en los derechos», aseguró precibir «un retroceso muy importante» respecto a la protección de las personas con discapacidad en España.
En el curso en el que participó Peláez, titulado » Personas con discapacidad, ciudadanas de pleno derecho: de la convención a la práctica real», que finalizó hoy se ha analizadoa de qué forma se está aplicando la Convención y se ha reflexionado sobre ideas, instrumentos y herramientas que, en línea con ella, faciliten la igualdad real y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.
Para Peláez, la crisis económica «es una realidad que se tiene que abordar adecuadamente, porque se ha convertido ahora en el principal foco de exclusión» para las personas con algún grado de discapacidad. Y destacó que «hay todo un abanico de ámbitos en el que se dan barreras», como es el caso de la comunicación, el acceso a la información o a las nuevas tecnologías.
Peláez también criticó que «hay algunas iniciativas legislativas» que suponen «un paso atrás» en el reconocimiento «pleno» de los derechos de las personas con discapacidad.En este sentido, lamentó que, aunque España cuenta con programas e iniciativas «vanguardistas», «hay muchas cuestiones que están todavía pendientes» en la apuesta por el modelo de derechos humanos de la Convención Internacional.
Observatorio de la Discapacidad
Por su parte, Antonio Jiménez Lara, coordinador de Programas del Observatorio de la Discapacidad, otro de los ponentes,denunció que «la discapacidad sigue siendo un factor de exclusión» y criticó que la no aplicación de diversos programas para favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad ha generado «costes invisibles» en este colectivo, ya que, al dejar de ser objeto de políticas y sujeto de prestaciones, «si no se tiene, no se gasta». Y sentención que en España «se ha pasado al completo abandono a su suerte de un sector que podría dar un tirón de la actividad económica», además de «prescindir de los efectos positivos que su atención podría habido tener a nivel general».
Más información: Servimedia.es