Según recoge el Programa Nacional de Reformas 2013, publicado por el Gobierno, la reforma del Sistema de Atención a la Dependencia tiene dos objetivos fundamentales, la racionalización del gasto y la sostenibilidad del sistema. Para ello el gobierno está trabajando en una serie de normativas que incluyen, entre otras medidas, un incremento del 5% en las aportaciones de los usuarios a los servicios recogidos en el Sistema de la Dependencia.

Descarga el Programa Nacional de Reformas de España 2013

 Para cumplir con la racionalización del gasto, ya en 2012, se aprobaron una serie de medidas cuyo impacto está siendo visible en este año 2013 y según las previsiones del Ejecutivo ha supuesto una reducción total de 1.108 millones de euros en el desarrollo de la Ley de Dependencia.

 El Gobierno continúa trabajando en el desarrollo de un nuevo paquete de medidas con las que pretende ahorrar en este año otros 958 millones de euros, sólo en la aplicación de la Ley.

 1.- Racionalización y modernización del sistema de atención a la dependencia

 La aprobación del RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, supuso la Modificación y simplificación en el proceso de valoración de situaciones de dependencia.

Además esta nueva norma supuso cambios en las intensidades de los servicios y prestaciones y la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas. Con la aplicación de estas correcciones la Administración pública ahorró 69 millones de euros en el año 2012. Y se prevé que con ellas se sigan logrando ahorros adicionales de 150 millones de euros en 2013 y de 168 millones de euros en 2014.

 2.- Garantizar la sostenibilidad del Sistema de la dependencia.

Con el objetivo de lograr mantener en el futuro los servicios y prestaciones recogidas en el Sistema de atención a la Dependencia, el Gobierno impuso, en el año 2012, una serie de modificaciones en la aplicación de la Ley con las que asegura se ahorraron 530 millones de euros. Entre ellas destaca por ejemplo:

• La Demora de la de incorporación al sistema de las personas beneficiarias con menor grado de dependencia.

• La Modificación de las cuantías máximas de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y sus efectos en las cuantías del nivel mínimo.

• La Suspensión de obligación de la AGE de cotizar a la Seguridad Social por los no profesionales que cuidan a personas en situación de dependencia en el entorno familiar.

Pero la reforma del Sistema no queda ahí. En este año 2013 está prevista la aprobación de dos Reales Decretos que pretenden, por un lado, adecuar las prestaciones a la capacidad económica del beneficiario y, por otro, regular las prestaciones del sistema.

  •  Capacidad económica y participación del beneficiario en las prestaciones

Ya se está elaborando un proyecto del Real Decreto que determinará la capacidad económica y la participación del beneficiario en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este proyecto se recoge que la aportación de los beneficiarios se incrementará un 5% de forma progresiva en los próximos tres años. Según los cálculos del Estado, la aplicación de esta medida supondrá un ahorro de 339 millones de euros en 2013.

  • Priorizar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas

 El gobierno está trabajando para, según dice, regular la adecuación de las prestaciones a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Además pretende priorizar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas. Con estas medidas que espera poner en marcha en este año pretende alcanzar un ahorro de otros 489 millones de euros.

 La Federación Autismo Madrid

 Desde la Federación se está trabajando para abrir espacios de comunicación con la Dirección General de Dependencia y poder agilizar la tramitación de los expedientes en la Comunidad de Madrid. Tras una primera reunión de organización ya se están agrupando las situaciones de las familias en cuatro ámbitos: revisión de grados de dependencia, actualización de cobros, revisión de PIAS y plazos de validez.

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