Fuente: abc.es

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha condenado al Gobierno aragonés por vulnerar el derecho fundamental a la educación de un joven con autismo al excluirlo del programa especial que seguía en un centro escolar de Huesca sin ofrecer una alternativa a sus padres.

Según el tribunal de lo contencioso-administrativo, que se apoya en informes técnicos de especialistas del propio centro escolar, la sustitución, por enfermedad, de la tutora que se ocupaba del programa y los cambios llevados a cabo en su funcionamiento agravaron las reacciones «agresivas y destructivas» del joven.

Ante la negativa de los padres a someter a su hijo a un tratamiento farmacológico inhibidor de la conducta, desaconsejado por los propios técnicos de la administración, los responsables de dirección del centro, en febrero de 2011, decidieron no prorrogar un año más la presencia del joven en el programa.

La sentencia responsabiliza a la Administración aragonesa de no ofrecer «alternativa alguna» al joven a pesar de los requerimientos de los padres, a quienes, según el tribunal, se colocó en la tesitura de «tener que decidir por soluciones médicas y farmacológicas que, lejos de ser beneficiosas, están contraindicadas en casos como el presente».

En su resolución, el juez argumenta que la cuestión a valorar no es el fracaso o éxito de los programas ideados sino la ausencia de una respuesta alternativa por parte de la Administración, sobre la que «recaía la obligación de darla».

Tras hacer referencia a unos informes de la propia administración en la que alega carencia de recursos humanos y materiales para hacer frente a la situación de este tipo de alumnos con discapacidad, la sentencia destaca que «en definitiva, ausencia de medios y de respuesta administrativa es lo que recibió el joven y su familia a partir de noviembre de 2010».

Es decir

«Ausencia de respuesta y de prestación educativa por la administración cuando ésta estaba obligada a darla», resalta el fallo.

Según el letrado representante de la familia, Francisco Almodóvar, del bufete madrileño Almodóvar & Jara, «por primera vez, un juez indica en una sentencia que los afectados con autismo no pueden ser excluidos (del sistema educativo) o ser medicados con medicamentos ineficaces para esa dolencia».

Para el abogado, el Gobierno de Aragón, a través de su Departamento de Sanidad y Bienestar Social y Familia vulnera así la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su normativa de desarrollo en España.

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