Servimedia (10/08/2012)

La información que proporcionen las administraciones y demás entidades integradas en el sector público deberá ser accesible a las personas con discapacidad, según se dispone en el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado el pasado 27 de julio por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, según recordó en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

El artículo 4 del proyecto de ley, en el que se establecen los principios generales de esta nueva regulación, indica que «toda la información estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos».

Este mandato se ha incorporado al proyecto de texto legal como consecuencia de las propuestas planteadas por el Cermi, que participó en la fase de consultas para la elaboración de esta normativa abierta en su momento por el Ministerio de la Presidencia.

Además de esta previsión sobre la accesibilidad universal de la información que faciliten las administraciones públicas, el proyecto de ley contiene otro elemento relacionado con la discapacidad, al tipificar como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por esta circunstancia, así como el acoso por esta misma razón.

La ley, según el texto aprobado por el Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.