En la «Memoria 2012» de la Oficina del Defensor del Pueblo, se constata que «la falta de pago» a las asociaciones de personas con discapacidad o dependencia por parte de las administraciones públicas «está produciendo situaciones de desatención a los usuarios y problemas laborales» a los empleados de dichas entidades.

Aunque «la mayoría» de las investigaciones sobre este hecho están abiertas, el informe constata que existe una creciente dificultad para normalizar los pagos y establecer previsiones sobre cuándo y en qué cuantía podrán atenderse.

Otro aspecto destacado en el apartado relativo a las personas con discapacidad es el relativo a la demora, en algunos casos «de más de doce meses», en la atención en los procedimientos para la valoración, calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

A juicio de la institución que dirige Soledad Becerril, estas demoras superiores a un año no pueden considerarse asumibles, puesto que «vulneran el principio de eficacia de la actuación administrativa».

Fuente: Diario Siglo XXI (Accede aquí a la noticia completa)

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