Un estudio promovido por el CERMI Estatal concluye -al igual que el realizado en el CERMI  Comunidad de Madrid- que la legislación educativa española, tanto estatal como autonómica, no ha asumido la dimensión inclusiva de la discapacidad, por lo que son necesarias reformas normativas de importancia.

Bajo el título “El impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la legislación educativa española”, el estudio (del que son autoras María José Alonso Parreño e Inés de Araoz, responsable jurídica de la Confederación Autismo España) analiza con detalle el grado de correspondencia entre los mandatos en materia de educación inclusiva del tratado internacional de la discapacidad y la normativa española.

A juicio de las autoras, la legislación española no respeta el modelo de educación inclusiva establecido por la Convención ya que sigue manteniendo estructuras y modalidades educativas que segregan a una parte del alumnado con discapacidad.

Al haber firmado y ratificado España la Convención, que es un tratado internacional de rango superior a la legislación interna, el Estado español debe proceder a revisar la normativa educativa para acomodarla plenamente al texto internacional.

El estudio, el primero de estas características elaborado en nuestro país, será publicado en forma de libro dentro de la colección Convención ONU, que promueve el CERMI.

 

 

 

 

 

 

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