Fuente: Servimedia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) alertó este martes del impacto de los recortes presupuestarios en el bienestar de los niños con discapacidad, durante la jornada ‘Crisis económica, menores y Justicia’, organizada en Madrid por la Fundación Abogacía Española y Save the Children.

Según Inés de Araoz, coordinadora de la Red de Niñas y Niños con Discapacidad del Cermi, en lo que se refiere a educación inclusiva “estamos en un momento de estancamiento, en el que incluso se podría hablar de retroceso”.

“La legislación aprobada recientemente supone un retroceso en la educación inclusiva”, explicó, y como ejemplo citó el aumento de las ratios de alumnos por clase que el Decreto-Ley de Racionalización del Gasto Educativo hizo posible.

De este modo, los profesores “tienen menos tiempo para atender a los alumnos con discapacidad” y se perjudica el funcionamiento de la clase, apuntó Araoz.

Tampoco se presta atención a la formación especializada del profesorado ni a la inclusión en los centros de programas de atención a la diversidad, prosiguió, con lo que la escolarización de niños con discapacidad puede resultar en fracaso.

A ello hay que añadir que la gran mayoría del estudiantes con discapacidad se matricula en centros públicos, lo que genera mayor concentración de alumnos con necesidades especiales en esta red, indicó Araoz, que criticó asimismo cómo las comunidades autónomas han recortado en programas de apoyo a los centros, en servicios de orientación psociopedagógica, etc.

DERECHOS

Araoz aludió a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la recomendación de la UE contra la pobreza infantil para defender el derecho de todos los niños a una educación inclusiva y de la máxima calidad. De seguir así, alertó, ”el riesgo de fracaso escolar aumentará”, y con él, “la sensación de fracaso personal y familiar”.

Por otra parte, lamentó que la atención temprana a niños con dificultades especiales “no es un derecho reconocido en la legislación española, de modo que su prestación no está garantizada».

A su juicio, servicios como los de logopedia, estimulación precoz, apoyo a la movilidad… “resultan vitales para los niños discapacitados entre 0 y 6 años” y, sin embargo, “están sujetos a la disponibilidad presupuestaria”.

“Existen listas de espera”, apuntó Araoz, y hay “diferencias en función de las políticas de las comunidades autónomas”. En algunas la atención temprana se presta hasta los 3 años; en otras, hasta los 6; la coordinación entre consejerías (Asuntos Sociales, Sanidad y Educación generalmente) “no es siempre la mejor”, etc., explicó.

La atención temprana tiene “una gran influencia en el desarrollo posterior de un niño con discapacidad”, dijo la responsable del Cermi, para quien del mismo modo que se trabaja con los pequeños, “también habría que intervenir con sus familias, y esto no se está haciendo”. “Por mucho que se trabaje con un niño, si luego en su familia no recibe el mismo apoyo, la mitad de lo avanzado se pierde”, aseguró.

Finalmente, Inés de Araoz criticó los recortes en dependencia, como la paralización del reconocimiento a las personas de grado 1 hasta 2015, la reducción en las prestaciones económicas, los recortes en ayudas a domicilio y la supresión de programas de fomento de la autonomía personal.

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