La sentencia del TSJ de Madrid supone el reconocimiento de que es necesario dotar de estabilidad a los recursos para el alumnado con NEE. Es precisa una normativa adecuada para garantizar los derechos del alumnado con discapacidad y que la inclusión deje de ser un ideal inalcanzable para convertirse en la realidad que la sociedad demanda.
Recientemente hemos publicado varios artículos recogiendo la noticia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, condenando a la Consejería de Educación a readmitir al personal de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE ), es decir, aquellos integradores sociales, personal de enfermería y fisioterapeutas que no fueron contratados al inicio de este curso, por haber acumulado más de 24 meses de contratos en los últimos tres años.
Se trata de una noticia que el conjunto del tejido asociativo de la Comunidad ha recibido de manera positiva. Efectivamente, por encima de las cuestiones de índole organizativo y presupuestario se han impuesto criterios de estabilidad de unos recursos que son imprescindibles para el alumnado con necesidades educativas especiales, tales como niños y niñas con TEA. No podíamos estar de acuerdo con actuaciones de la administración que no valoraran la experiencia y la profesionalidad. Por eso, nuestra reflexión va en la línea de atajar la raíz del problema.
Desde todas las instancias sociales hemos trabajado juntos, codo con codo con las familias, para tratar de disminuir en lo posible el impacto que estas medidas administrativas iban a tener sobre el alumnado, el principal damnificado. Y no nos hemos cansado de repetir que la causa de este conflicto, como tantos otros vinculados con la discapacidad, está en la falta de previsión y de organización de los recursos que son necesarios para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales como la Educación. En un colectivo como el de las personas con discapacidad, la carencia de recursos o unos medios inadecuados pueden poner en riesgo la consecución de niveles aceptables de autonomía personal y de inclusión social cuando estas personas alcancen la edad adulta. No podemos permitir el menoscabo, por pequeño que pueda ser, de ninguna herramienta al servicio de vencer las barreras que la discapacidad ha puesto en el camino de estos niños y niñas.
Yendo más allá, en nuestra opinión, el origen de este conflicto estriba en la falta de una normativa adecuada, y orientada a hacer de la inclusión una realidad y no sólo un ideal. Una normativa que, por ejemplo, recoja, clasifique y describa adecuadamente los perfiles, funciones, requisitos y vías de acceso del personal de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales. Por ello, entendemos que es preciso que. de una vez por todas, se «pongan en el mapa» todos los recursos educativos y la normativa concreta sobre su utilización, distribución y funcionamiento. Que los recursos (humanos, materiales o de cualquier tipo) no estén al albur, más o menos benévolo, de una Administración lastrada por la falta de presupuestos, la disminución de ayudas más o menos graciables o los buenos deseos hacia el colectivo de la discapacidad. Que plazas como las del personal de apoyo se sometan, como el resto, a su debida oposición tras entrar a formar parte del mismo conjunto de recursos que el resto: administrativos, docentes, servicios…
Eso es la inclusión, un diseño para todos y no parches que, a la larga, son insuficientes y perjudiciales.
Queremos que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales sean alumnos de primera, que sus recursos estén igual de codificados, fijados y garantizados que los del resto (¿alguien se imagina que un alumno tuviera que compartir su silla con otro porque no hay recursos suficientes?), que nuestros legisladores reparen en que es necesario aportar la suficiente seguridad y garantía jurídica para que el incumplimiento del derecho a la Educación (con mayúscula, como aparece en nuestra Constitución) sea considerado ilegal y no sólo un «problema» que «tendremos que corregir».
Esperamos que los pasos que se están dando, aunque sean pequeños, conduzcan finalmente a ese objetivo final que es el de una Escuela inclusiva, abierta a todos, donde la participación y el aprendizaje estén garantizados para todos sin importar la presencia o no de la discapacidad.