Nos satisface informar, tal y como señala la Confederación Autismo España, que el Congreso de los Diputados ha decidido que las cuestiones relativas a la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia pasarán a la jurisdicción social, en lugar de la jurisdicción contencioso-administrativa como venía siendo hasta ahora.

¿Qué quiere decir esto? Que cualquier controversia relacionada con las cuestiones de dependencia y autonomía personal se solventarán desde los juzgados de lo Social, más ágiles, cercanos al ciudadano y sobre todo más económicos.

Esta decisión satisface una demanda del sector de la discapacidad, largamente reclamado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Ahora, el Gobierno lo tendrá que regular en el plazo de tres años.

La Comisión de Justicia del Congreso se ha hecho eco también de otra medida planteada por el CERMI: que el Proyecto de Ley recoja expresamente, para que no haya lugar a dudas, que corresponden también a la jurisdicción social las cuestiones relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad.

Una vez aprobado por el Congreso, con estas mejoras planteadas desde el sector de la discapacidad, el Proyecto de Ley seguirá su trámite en el Senado hasta su aprobación definitiva.

Paso a paso, gracias a mejoras normativas como la que hoy os traemos a estas páginas, vamos mejorando el panorama social de las personas con discapacidad.

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