Fuente: CERMI
Ramón Jáuregui, diputado socialista y portavoz en la Comisión COnstitucional del Congreso, ha afirmado en unas declaraciones que la discapacidad debería formar parte obligatoria del diseño de toda política de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), comenzando por el cumplimiento de las leyes y siguiendo por las políticas de integración laboral de persoans con discapacidad.
Según el diputado socialista, cualquier empresa que diseña una política social de RSE, debería asumir que el centro de sus grupos de interés fueses personas con discapacidad. Para Jáuregui, los derechos fundamentales son aquellos que se deben cumplir obligatoriamente, sobre todo ahora, aprovechando el buen avance de la integración social de discapacitados mediante el empujón que supone la RSE. A pesar de estos avances, y de contar con empresas muy sensibilizadas con la integración social, son muchas las empresas que todavía ni siquiera hacen RSE, ni piensan en la discapacidad, mientras que otras empresas tienen políticas de RSE bastante deficiente.
“Si todas las empresas del mundo fueran rigurosas en el cumplimiento de los derechos humanos, en todos los lugares del mundo en los que operan, el mundo sería mucho mejor de lo que es”, afirmó.
Debido a que la discapacidad es algo real, se debe tomar como una constante en la sociedad, estimulando las normas que impulsan su integración laboral. Según sus propias palabras: «hay que seguir impulsando la RSE como una herramienta al servicio de esta causa», debido a que la RSE todavía es un elemento bastante desconocido en España.
A pesar de que la RSE otorga una buena publicidad y ayuda a mejorar la imagen de la empresa, la crisis ha provocado un parón, e incluso retroceso, en la práctica de la RSE, lo cual es paradójico, ya que la crisis es consecuencia de no actuar con responsabilidad y no al revés.
Tal y como declaró Jáuregui: «es necesario un nuevo impulso, y hay que volver a convocar a los interlocutores de la RSE en España, que son uchos, al mismo tiempo que hay que renovar el consejo socio-económico en torno a una agenda de revitalización de la RSE para los próximos cinco años».