Durante un encuentro enmarcado en el Observatorio ‘Crisis y Discapacidad’, organizado por Servimedia Comunicación

(Madrid, 17 de julio de 2012).- El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, ha destacado hoy, durante un encuentro del Observatorio ‘Crisis y Discapacidad’, organizado por Servimedia Comunicación, que para legislar en materia de discapacidad hay que conocer esta realidad “de cerca”. Así lo ha sostenido para referirse a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que, según él, no depende de una partida presupuestaria, sino que “está condicionada a que es un derecho que se le otorga al ciudadano y no se puede hacer con ella lo que uno crea conveniente”.

“Yo invito a que los políticos vean de cerca cómo con sólo 400 euros se atiende a una persona con discapacidad en situación de dependencia”, ha expuesto. “Esta realidad existe, pero desde un despacho no se puede ver”. En este sentido, ha insistido en que una persona con discapacidad severa “no puede ser atendida ni con 80 ni con 400 euros”.

En este sentido, ha explicado que “nos están engañando” en relación a esta Ley, ya que, entre otras cosas, “no se puede decir que la cobertura asistencial en lo que se refiere a la prestación económica vinculada al servicio sea de 400 euros”. “Es una barbaridad afirmar algo así cuando se están dando ayudas de entre 80 y 400 euros, pero la media no es de 400 euros”, ha incidido.

También ha expuesto que por parte del Gobierno se están valorando otras cosas más superfluas en cuanto a los recortes y ajustes, al mismo tiempo que ha reclamado que vincular el déficit de las Comunidades Autónomas al gasto social “es no saber que se está gestionando”. “El gasto social genera una riqueza y un retorno muy importante en puestos de trabajo y en ingresos repercutidos por la economía que se mueve con este sistema”, ha explicado.

Según Font, “hemos pasado de reducir el impacto de gasto en las familias de personas con discapacidad a que la situación se convierta en un agravante importante y en una carga social y familiar”. “Esta destrucción afecta al Estado de Bienestar de la sociedad, en general, y de las personas con discapacidad, en particular, y esto genera más gasto social y más dependencia de la administración y de las propias familias”, ha mantenido.

En esta línea ha destacado que la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia hay que reconducirla, donde se potencie la autonomía personal para propiciar empleo y plena integración social y, en su opinión, debería depender de la Tesorería de la Seguridad Social, lo cual “aseguraría su sostenibilidad” y, a pesar de las distintas competencias de las Comunidades Autónomas, en este sentido, éstas “deben mantener unos intereses comunes”.

Asimismo, Font ha valorado su reforma y ha afirmado que se trata de “un verdadero drama” porque, además de lo expuesto, ha apuntado que “debe estar también para prevenir discapacidades”.

En cuanto a las posibles reacciones del sector, encabezado por el CERMI Estatal, cuya labor ha calificado de “encomiable”, ha aplaudido la movilización. “La imagen en las calles es lo peor que le puede pasar a un Gobierno”, ha apuntado. En este sentido, ha advertido que “todo el movimiento asociativo tiene que pensar en trabajar de otra manera y marcar una estrategia de trabajo, buscando una unidad”, ha señalado.

En cuanto a esta unidad, ha ensalzado la que caracteriza a las entidades de la Comunidad de Madrid y ha destacado que trabajan por mantener el diálogo del sector de la discapacidad con la administración regional para que el entendimiento “no se rompa”.

“En la Comunidad de Madrid estamos unidos por un problema común, que es la discapacidad y estamos a las puertas del III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, que aplaudiremos siempre y cuando éste se cumpla, sino el gobierno se deberá atener a las máximas consecuencias”, ha sostenido.

“Las familias están cansadas de lucha y esfuerzo de tantos años en cuanto al cuidado y atención a las personas con discapacidad”, ha agregado.

El presidente del CERMI Comunidad de Madrid ha manifestado que este Plan, aprobado para apartar la beneficencia de los derechos conquistados, basado en normas y derechos de las personas, con un plazo de cuatro años, precisa de una planificación de desarrollo para cumplirlo. Según ha expresado, el Gobierno madrileño debería saber que la confianza depende de los hechos. “Queremos que las palabras se conviertan en hechos”, ha reclamado.

En materia de empleo, ha denunciado que la Comunidad de Madrid haya eliminado todos los programas de empleo para las personas con discapacidad y cómo los Centros Especiales de Empleo han dejado de recibir ayudas. Para él, eliminar este tipo de programas de empleo, que son una herramienta para que las personas con discapacidad tengan un vínculo con las empresas, “genera más gasto social”.

Por ello, se ha referido a su diálogo con la Consejería de Empleo, la cual “no está poniendo remedio a que desaparezcan estos programas de empleo para personas con discapacidad” y “están destruyendo todo lo que hemos conseguido”.

Por último, Javier Font ha alertado a la administración regional que se va a encontrar con “un frente muy fuerte”, al mismo tiempo que ha llamado la atención sobre el hecho de que “pedimos nuestros derechos, pero para cumplir con nuestras obligaciones”.

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